Lunes 4 de diciembre.- La Contraloría Regional de Valparaíso está en la búsqueda de recuperar más de 342 millones de pesos destinados al evento «Año Nuevo en el Mar 2023», los cuales se consideran como adeudados a las arcas fiscales. Este esfuerzo se desencadenó después de que se detectaran diversas irregularidades cometidas por la Municipalidad de Viña del Mar durante la ejecución del evento.
Un informe detallado, emitido por la Contraloría el 24 de noviembre, revela una serie de desprolijidades en el proceso de licitación de la celebración. Uno de los aspectos más destacados es la falta de cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato a la empresa Piromar FX Spa, encargada de los fuegos artificiales. Esta omisión resultó en una solicitud no atendida de más de 214 millones de pesos y la no aplicación de multas por incumplimiento, que sumarían otros 128,5 millones de pesos.
La Contraloría Regional de Valparaíso ha formulado un reparo por el monto adeudado, considerándolo como un paso previo para iniciar un juicio de cuentas que implicaría la restitución de los fondos a las arcas fiscales.
Otro aspecto preocupante señalado por la Contraloría es la falta de autorizaciones y la falta de supervisión adecuada. La administración viñamarina omitió certificaciones clave en las bases técnicas del proceso de licitación, confiando en una declaración de la empresa proveedora, Liuyang Starlight Trading Co. Ltd. Sin embargo, se descubrió que los productos pirotécnicos no cumplían con las condiciones exigidas por la Dirección General de Movilización Nacional.
Además, se destacó la falta de capacitación de los funcionarios encargados de supervisar el evento. La Contraloría ha instaurado un procedimiento disciplinario en el municipio para determinar las responsabilidades administrativas en este caso.
En respuesta a las acusaciones, la Municipalidad de Viña del Mar reconoció los errores y compartió el contenido del informe. Además, anunció acciones judiciales, incluida una querella por delito de estafa y una por infracción a la ley de armas contra el proveedor, alegando que este ocultó y desobedeció órdenes de la Dirección General de Movilización Nacional, poniendo en peligro a la comunidad.
La Contraloría ha exigido que la Municipalidad adopte las medidas adecuadas para evitar la repetición de tales irregularidades y ha instado a tomar acciones disciplinarias para determinar responsabilidades.
