La empresa Reconsa ha denunciado por prevaricación administrativa a la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, y otros funcionarios públicos, tras la negativa al proyecto «Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa».
Esta acción legal se centra en la decisión tomada por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Valparaíso, donde se rechazó la iniciativa después de escuchar los alegatos de representantes de organizaciones socioambientales.
Al respecto, Reconsa argumenta que la votación de la Coeva carecía de fundamento legal y técnico, y contradijo el Informe Consolidado de Evaluación que recomendaba la aprobación del proyecto por cumplir con la normativa ambiental vigente.
Cabe señalar, que el 22 de abril pasado, dichas organizaciones expusieron sus argumentos ante la Coeva solicitando a las autoridades rechazar el proyecto de Reconsa. Pese a que inicialmente algunos seremis habían dado muestras de apoyo, terminaron por unirse a la delegada presidencial en su rechazo.
Contrariamente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mantuvo su respaldo al proyecto, lo que ha generado controversia y una investigación oficial. Asimismo, la empresa urbanizadora sostiene que el rechazo no solo vulnera el ordenamiento jurídico, sino también el proceso de evaluación ambiental, considerando que las obras ya estaban casi completadas.
COMITÉ DE MINISTROS
Lo expuesto refleja la tensión entre el desarrollo urbanístico y la protección ambiental en la región. Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso se ha comunicado que, tras la apelación presentada por Reconsa, el proceso ha sido trasladado al Comité de Ministros.
Esto significa que la instancia regional ya no tiene la potestad de pronunciarse sobre el caso nuevamente, dejando la decisión final en manos de una autoridad superior, paso crucial en el proceso de evaluación, ya que podría definir el futuro del proyecto.
La investigación liderada por la fiscal Claudia Perivancich examinará si las acciones de las autoridades implicaron una infracción al reglamento. De comprobarse, podría tener consecuencias significativas en el ámbito administrativo y judicial.
