La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por la familia del empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado por un sicario en mayo de 2020 en Concón. Según El Mercurio de Valparaíso, la acción judicial se dirigió contra la seremi de Vivienda, exigiendo la ejecución de su propia orden de demolición para las casas construidas en un terreno tomado por usurpadores en Quilpué, propiedad de Correa. El tribunal le dio un plazo máximo de 30 días para cumplir con esta orden.
El fallo del tribunal consideró que la “omisión ilegal ha significado una afectación a las recurrentes en su garantía constitucional de igualdad ante la ley”. Esto se debe a que la negativa de la seremi a ejecutar su resolución exenta N° 1.000 de 2021 había causado un trato discriminatorio frente a otros administrados que recibieron respuestas más acordes con la normativa urbanística.
SENTENCIA
La sentencia ordena que la seremi de Vivienda notifique su Resolución Exenta N° 1.000 dentro de los treinta días siguientes a la firmeza del fallo. La abogada de la viuda e hijas de Correa, Jeanette Bruna, comentó que “el fallo acoge el recurso de protección porque la seremi Minvu, al mantener guardada la orden de demolición sin ejecutar ninguna acción, vulneró las garantías de la familia Correa, particularmente la igualdad ante la ley”.
Ante la posibilidad de que la seremi apele el fallo ante la Corte Suprema, Bruna solicitó una reunión por Ley de Lobby con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y la seremi Belén Paredes. La abogada busca evitar que se judicialice aún más el caso, lo que consideraría una forma de revictimización para la familia Correa.
Bruna espera que la seremi no apele el fallo, y que se avance en el cumplimiento de la Ley de Urbanismo, en lugar de seguir discutiendo el tema en tribunales. La abogada considera que esto permitiría resolver la situación sin prolongar la victimización de la familia.
FAMILIA CORREA
Valentina Correa, hija del empresario asesinado, destacó que esta es la primera sentencia que reconoce la vulneración de los derechos constitucionales de su familia por parte de la seremi Minvu, al no cumplir con sus deberes para ejecutar la demolición.
La familia espera que la seremi de Vivienda no apela la decisión del tribunal y que se ejecute la orden de demolición. Valentina Correa subrayó que la seremi debe demostrar que está comprometida con la solución del problema y con la legalidad urbanística.
Desde la seremi de Vivienda, se indicó que se solicitará a la sección jurídica de la institución que revise los fundamentos del fallo para determinar las acciones a seguir.
