Empresario acusa al Gobierno de deberle más de 400 millones por trabajos en megaicendio

A casi 10 meses del devastador megaincendio que afectó a diversas comunas de la región de Valparaíso, el empresario Mauricio Fernández, dueño de MFM Transportes Eirl, denuncia que aún no ha recibido el pago por los servicios prestados durante la emergencia.

Según el relato de Fernández, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso mantiene una deuda superior a los 400 millones de pesos por los trabajos de traslado de enseres y alimentos a los damnificados, realizados por su empresa tras el siniestro ocurrido en febrero de este año.

El conflicto por el pago pendiente comenzó a gestarse a fines de septiembre, cuando la Delegación Presidencial informó al empresario que los contratos con su empresa estaban «en nivel central en análisis para pago».

Sin embargo, a pesar de la promesa de abonar la deuda en ese mes, a la fecha, el pago no ha sido realizado. «Aún no me pagan. Ni fecha me han dado», lamenta Fernández, quien asegura que la situación ya ha afectado gravemente sus finanzas.

Sin respuestas

De acuerdo con lo publicado por La Estrella de Valparaíso, el empresario ha intentado varias veces obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades regionales.

«Siempre el mismo discurso: esperan recursos del Ministerio del Interior», comenta Fernández, refiriéndose a la excusa que se le ha dado respecto a la falta de fondos para cumplir con el compromiso. Sin embargo, el propietario de MFM Transportes Eirl asegura que la situación está generando serias dificultades económicas para su empresa, que se encuentra endeudada con los bancos debido a la falta de pago.

Sin dinero

El pago por los servicios de transporte que realizó MFM Transportes Eirl a las víctimas del megaincendio fue acordado para principios de septiembre, según el propio Fernández, pero el compromiso aún no se ha cumplido. A pesar de las reiteradas gestiones y la evidente necesidad de recursos para seguir operando, la Delegación Presidencial no ha entregado una fecha definitiva para la cancelación de la deuda, lo que agrava aún más la situación financiera de la empresa.

«Ellos (en la Delegación) están al tanto de que me debían pagar el 23 de septiembre», afirma Fernández desde su domicilio en Placilla, subrayando que, a pesar de las promesas, no ha recibido respuesta ni indicación clara sobre cuándo se realizaría el pago.

La falta de soluciones y la incertidumbre prolongada le han generado un alto nivel de estrés, especialmente considerando los compromisos bancarios que debe afrontar por los préstamos que solicitó debido a la demora en el pago.

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