El equipo legal que representa a la familia de Alejandro Correa, empresario asesinado en un sicariato en Concón en 2020, ha informado que varias personas han optado por abandonar voluntariamente las viviendas construidas ilegalmente en un terreno ocupado en Quilpué.
Esta acción ocurre ante la inminente demolición de dichas construcciones, un proceso que está siendo coordinado por las autoridades locales. La situación se enmarca en un conflicto relacionado con la ocupación ilegal de parcelas en la zona.
Este terreno ha sido objeto de controversia debido a la toma ilegal de parcelas, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad. La intervención del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso se ha vuelto necesaria para regularizar la situación y evitar que la ocupación ilegal continúe.
INMINENTE DEMOLICIÓN
En este contexto, el Serviu de Valparaíso ha confirmado que ya se ha definido el financiamiento necesario para llevar a cabo la demolición de las estructuras ilegales en Quilpué. Esta intervención, que se llevará a cabo en las próximas semanas, se enmarca dentro de un plan más amplio para recuperar los espacios ocupados de manera irregular y asegurar que se respeten las normas urbanísticas en la región.
Jeanette Bruna, abogada de la familia de Alejandro Correa, ha destacado que el siguiente paso será coordinar con Carabineros para evaluar la situación en el terreno y verificar si aún quedan personas dispuestas a resistirse al desalojo o a oponerse a la demolición de las viviendas.
La abogada subrayó que la colaboración entre las autoridades y los servicios involucrados será esencial para garantizar que este proceso se desarrolle de manera segura y sin contratiempos.
Por otro lado, algunas personas que ocupaban las viviendas ilegales han optado por abandonar el lugar de forma voluntaria, lo que facilitará la intervención de las autoridades y permitirá que el proceso de desalojo se realice de manera más ordenada.
Finalmente, el Serviu de Valparaíso ha reiterado su compromiso de actuar conforme a la ley y garantizar que las acciones de desalojo y demolición se realicen de manera eficiente y sin contratiempos.
