Cinco años pasaron ya desde el macabro crimen de Alejandro Correa, afuera de su casa en Concón, a manos de un sicario extranjero. El dolor está latente y la familia -representada por la abogada Jeanette Bruna- aún no puede conseguir que terrenos de su propiedad en Pompeya Sur, Quilpué, ocupados irregularmente, sean desocupados y se les restituyan.
Las propiedades del fallecido empresario fueron adquiridas en el año 1996 y en mayo de 2020 empezaron a ser ocupadas por familias que instalaron sus mediaguas y viviendas básicas.
El caso se judicializó y, a fines de agosto de 2024, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por la familia de Alejandro Correa. Dicha acción judicial apuntó a la Seremi de Vivienda de Valparaíso para exigir la ejecución de su propia orden de demolición de las casas construidas en el terreno tomado por usurpadores en Quilpué, perteneciente a Correa. El tribunal ordenó hacerlo en un plazo máximo de 30 días.
Ad portas de cumplirse 10 meses de aquella resolución de la Corte, el caso no avanza, la demolición de las viviendas no se ha ejecutado y tampoco el desalojo de las familias que allí habitan.
“INICIALMENTE TENÍA MUCHAS ESPERANZAS”
Valentina Correa, hija del empresario asesinado, si bien en un principio manifestó estar confiada en la justicia y, en particular, en el trabajo del ministro de Vivienda, Carlos Montes, hoy la invade una sensación de frustración e impotencia.
“Debo confesar que, inicialmente, tenía muchas esperanza, tanto en las autoridades a nivel local como a nivel central. La verdad es que hoy no espero nada, tampoco confío en la palabra del ministro (Carlos) Montes, si hace pocos meses se comprometió, no en hacer alguna excepción con la familia Correa, sino que a cumplir con la orden de demolición que está dictada por el tribunal de justicia”, explica.
Indica que, a su juicio, “hoy nos encontramos claramente ante un desacato y, por tanto, actuaremos en esa línea y esperamos que el Poder Judicial, como lo ha hecho en veces anteriores con este caso y con otros, sea quien haga cumplir el Estado de Derecho”.
En la actualidad, hay dos personas condenadas por este caso y son aproximadamente 50 familias las que viven en los terrenos en disputa del sector Calichero, en Pompeya Sur.
