Fue en agosto del año pasado cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección presentado por la familia del asesinado empresario conconino Alejandro Correa, que apuntaba a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Valparaíso, encabezada por Belén Paredes, para exigir la ejecución de su propia orden de demolición de las casas construidas en el terreno tomado en Pompeya Sur, en Quilpué, de propiedad de la familia Correa. Y el tribunal fue claro en los plazos: máximo 30 días.
¿Hay temas judiciales pendientes que resolver antes de que se ejecute la resolución de la Corte? ¿quién debe desalojar? ¿quién es el responsable final? ¿se realizaron todas las reuniones de coordinación previas entre los organismos públicos que deben ir en apoyo de las familias que abandonarán el lugar? Las interrogantes son diversas. Sin embargo, para la abogada de la familia Correa, Jeanette Bruna, las cosas están claras y las resoluciones de los tribunales están para cumplirse, en tiempo y forma.
Según explica, “la sentencia ordena a la seremi Minvu hacer ejecutar la resolución de demolición, por lo tanto, es dicha autoridad urbanística la que debe arbitrar todas las medidas necesarias y coordinarse con las demás autoridades para que, respetando los derechos humanos de los habitantes de esta toma, se realice la demolición”.
¿Qué sucede si las familias no abandonan voluntariamente, como ha ocurrido en algunos casos, y se hace necesario un desalojo previo?
En ese caso, indica Jeanette Bruna que “si requieren desalojar, debe ser ella (seremi Minvu) la que busque la fórmula en coordinación con el Serviu, porque no le corresponde ni a usted, ni a la familia Correa, mujeres que han sido revictimizadas durante 5 años tras el asesinato de su padre, hacer el trabajo que le compete a la autoridad”.
