El proyecto Punta Piqueros, emplazado en el borde costero de Concón, sumó un nuevo giro luego de que un tribunal civil de Valparaíso dejara sin efecto el decreto de demolición dictado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo. La resolución corresponde a una sentencia de primera instancia, lo que implica que la medida aún puede ser apelada en instancias superiores.
El fallo establece que el acto administrativo que ordenaba la demolición —emitido en 2024— debe ser invalidado, obligando a la autoridad a emitir un nuevo pronunciamiento. De esta forma, la decisión no zanja el fondo del conflicto, pero sí retrotrae el proceso a una etapa previa, manteniendo vigente la incertidumbre sobre el destino final del edificio.
La orden de demolición había sido dictada por la Seremi del Minvu tras determinar que la construcción no se ajustaba al plan regulador comunal y carecía de permiso de edificación, cumpliéndose —según la autoridad— las causales del artículo 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Nuevos escenarios
Sin embargo, la justicia acogió los argumentos de la inmobiliaria ligada al proyecto, que cuestionó la legalidad del decreto. En esa línea, desde la defensa se ha sostenido que la demolición es una medida extrema y que existen alternativas como la regularización o el cambio de uso del inmueble.
Un elemento clave en este escenario es el reciente pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que determinó que el proyecto —en su reconversión a centro de eventos— “no está obligado a someterse” a una nueva evaluación ambiental. Esto fue interpretado por la empresa como un respaldo para avanzar en la viabilidad del edificio.
Desde el punto de vista judicial, el caso refleja una larga disputa que ha involucrado a tribunales ambientales, civiles y a la Corte Suprema, la que previamente había ordenado a la autoridad pronunciarse sobre la demolición. Este historial explica por qué el conflicto sigue abierto pese a múltiples resoluciones.
Con este nuevo fallo, el proceso vuelve a manos de la autoridad administrativa, que deberá emitir una nueva resolución ajustada a derecho. Mientras tanto, el futuro de Punta Piqueros sigue en suspenso, en medio de un conflicto que mezcla criterios urbanísticos, ambientales y legales, y que se ha extendido por más de una década.
