La preparación del juicio oral por el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024 ya está en marcha, en una causa que busca establecer responsabilidades por una de las mayores tragedias recientes del país. El proceso se desarrolla contra nueve imputados, acusados de provocar el siniestro que dejó 138 personas fallecidas y miles de damnificados.
La instancia judicial corresponde a una etapa clave previa al juicio oral, donde se revisan pruebas, testigos y medidas cautelares. Según se informó, esta fase podría extenderse por al menos una semana, dada la complejidad del caso y la cantidad de antecedentes reunidos por el Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación liderada por el fiscal especializado en incendios, Osvaldo Ossandón, los acusados enfrentan cargos por incendio con resultado de muerte, asociación ilícita y daño ambiental. Incluso, la Fiscalía ha solicitado penas que podrían llegar al presidio perpetuo calificado para los involucrados.
Imputados
Entre los imputados figuran nombres como Francisco Mondaca Mella, Franco Pinto Orellana y Elías Salazar Inostroza, sindicados como autores directos o intelectuales del inicio del fuego. A ellos se suman otros involucrados, incluyendo voluntarios de Bomberos y trabajadores vinculados a organismos como Conaf y Senapred.
En la causa también aparecen imputados como José Jerez Camus, Ángel Barahona Troncoso, José Atenas Gaete, Claudio Gamboa Ortiz y Matías Cordero de la Fuente, quienes habrían participado en distintos niveles de planificación o ejecución de los incendios. La Fiscalía sostiene que existía coordinación entre los acusados para generar focos de fuego en distintos puntos.
Durante la audiencia de preparación, el tribunal revisó además las medidas cautelares de algunos imputados, resolviendo que al menos cuatro de ellos continúen en prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos y el peligro para la seguridad de la sociedad.
El megaincendio, que arrasó sectores de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejó más de 4.300 viviendas destruidas y sobre 12 mil personas damnificadas, configurándose como una tragedia de enorme impacto social. En ese contexto, familiares de las víctimas han seguido de cerca el proceso judicial, a la espera de que el juicio oral permita establecer responsabilidades y eventuales condenas en uno de los casos más graves de la última década en Chile.
