Simulación advierte impacto de gran tsunami en Viña del Mar y plantea evacuación vertical como alternativa

Una simulación sobre el impacto de un eventual tsunami en Viña del Mar reactivó el debate sobre la preparación ante desastres en zonas costeras, al plantear que la evacuación vertical podría reducir a cero las víctimas fatales en sectores críticos de la ciudad.

La investigación y modelamiento fue realizado por Cristian Cortez, ingeniero estructural de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Ciencias de la Ingeniería. A través de su plataforma «Zona Antisísmica», el especialista expuso de manera visual cómo el agua penetraría en la Ciudad Jardín ante un evento extremo.

El análisis se basa en un terremoto de gran magnitud —cercano a 9— frente a la zona central del país, escenario que permitiría modelar el comportamiento de un tsunami con efectos significativos en el borde costero de la comuna.

Consecuencias

Según la simulación, el mar podría ingresar con fuerza por el estero Marga Marga, avanzando hasta cerca de cuatro kilómetros hacia el interior. En los sectores más expuestos, la inundación alcanzaría alturas de hasta seis metros, afectando zonas residenciales, comerciales y turísticas.

Uno de los puntos más críticos es el tiempo de reacción. El primer tren de olas podría llegar en apenas 14 minutos, mientras que evacuar hacia zonas altas podría tomar más de 30 minutos en condiciones de congestión, lo que evidencia una brecha importante en la capacidad de respuesta.

Frente a este escenario, Cortez plantea la evacuación vertical como una solución clave. Esta estrategia propone utilizar edificios resistentes dentro de la zona de riesgo para resguardar a la población en altura cuando no existe tiempo suficiente para escapar hacia áreas seguras.

El modelo sugiere que la habilitación de al menos 14 estructuras estratégicamente ubicadas permitiría cubrir la demanda de evacuación en sectores críticos, evitando víctimas fatales. No obstante, el desafío radica en su implementación, ya que se requieren protocolos claros, acceso a edificaciones —muchas de ellas privadas— y una adecuada coordinación entre autoridades y comunidad.

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