Una fuerte controversia se desató al interior del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso luego de la decisión del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de poner término a contratos de reconstrucción y ordenar la demolición de viviendas en Viña del Mar, específicamente en el sector de El Olivar. La medida, adoptada en el marco del proceso posterior al megaincendio de 2024, ha sido cuestionada por funcionarios técnicos del propio organismo.
Según reveló un reportaje de Reportea, trabajadores del Serviu acusaron haber sido presionados para respaldar la decisión ministerial mediante documentos que, aseguran, no existían al momento de dictarse la resolución. En ese sentido, sostienen que se les solicitó firmar informes “forzados” para justificar técnicamente la determinación.
El conflicto surge en un contexto especialmente sensible, considerando que el proyecto de reconstrucción contempla cientos de viviendas destinadas a familias afectadas por el megaincendio que devastó la zona en febrero de 2024, una de las peores tragedias recientes del país, con miles de hogares destruidos y un alto número de víctimas.
Minvu se defiende
Desde el Ministerio de Vivienda, en tanto, se ha defendido la medida señalando que las viviendas presentan fallas graves. La decisión de demoler se basaría en informes técnicos que advertirían problemas estructurales, sísmicos y de seguridad contra incendios, antecedentes que también han sido mencionados en otros informes asociados al proyecto.
Sin embargo, las críticas no solo provienen desde el interior del Serviu. Empresas involucradas en la reconstrucción han cuestionado la decisión, acusando que se habrían omitido informes relevantes que podrían haber llevado a conclusiones distintas. En particular, se ha señalado la existencia de al menos nueve documentos que no habrían sido considerados en evaluaciones clave.
En paralelo, también se han levantado cuestionamientos jurídicos. Representantes legales de algunas de las firmas afectadas sostienen que la decisión de demoler no sería estrictamente técnica, sino más bien política, y han advertido que no existirían fundamentos suficientes para justificar el término anticipado de los contratos.
Cabe recordar que el propio Ministerio de Vivienda ya había anunciado previamente la salida de la empresa a cargo de las obras y la demolición de decenas de viviendas en construcción, en medio de denuncias por posibles irregularidades detectadas durante el proceso de reconstrucción.
De este modo, la polémica abre un nuevo flanco en el proceso de reconstrucción en la Región de Valparaíso, tensionando la relación entre autoridades, equipos técnicos y empresas, mientras las familias afectadas continúan a la espera de soluciones habitacionales definitivas tras la tragedia.
