Las demoliciones en el sector El Olivar podrían comenzar durante la próxima semana. Así lo aseguró el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, durante una actividad de la Semana de la Construcción organizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), instancia donde reafirmó que el Gobierno mantendrá la decisión de destruir las viviendas cuestionadas tras detectarse presuntas fallas estructurales en el proceso de reconstrucción posterior al megaincendio de Viña del Mar. “Estamos esperando dos autorizaciones, apenas estén, demolemos”, señaló el secretario de Estado al referirse a los plazos del proceso.
Las declaraciones del ministro se producen en medio de un escenario cada vez más tensionado, marcado por cuestionamientos técnicos, disputas judiciales y crecientes críticas al manejo del caso por parte del Minvu. El proyecto habitacional, levantado para familias damnificadas por el incendio de 2024, quedó bajo observación luego que informes encargados por la cartera detectaran supuestas deficiencias estructurales, problemas de resistencia sísmica y falencias en normas contra incendios. A partir de esos antecedentes, el ministerio decidió paralizar las obras y avanzar hacia la demolición de cerca de 50 viviendas construidas en El Olivar.
Poduje ha defendido públicamente la decisión adoptada por el Gobierno y descartó retroceder frente a las críticas. “No entregamos casas falladas”, afirmó la autoridad al justificar la medida, insistiendo en que el Estado no puede permitir que familias afectadas por una tragedia reciban soluciones habitacionales que no cumplan con estándares mínimos de seguridad. El ministro también calificó las observaciones detectadas como “gravísimas”, asegurando que los antecedentes técnicos respaldan plenamente la intervención anunciada por el Ejecutivo.
Querella Criminal
Sin embargo, el conflicto dio un nuevo giro durante las últimas horas luego que se confirmara la presentación de una querella criminal contra el propio ministro. La acción judicial será impulsada por la empresa Social Arquitectura y apunta a eventuales delitos de prevaricación administrativa, falsificación ideológica de instrumento público, fraude al fisco e incumplimiento contractual. Según la ofensiva judicial, los informes utilizados por el Minvu para justificar la demolición no establecerían realmente la existencia de “graves fallas constructivas”, como sostuvo públicamente la cartera al momento de paralizar las obras.
Parte de los antecedentes revelados en los últimos días indican que los documentos elaborados por fiscalizadores técnicos no contendrían referencias explícitas a daños estructurales severos y que algunos habrían sido firmados con posterioridad a la resolución administrativa que ordenó detener el proyecto. Incluso, funcionarios consultados por distintos medios señalaron que las viviendas podrían ser reparadas y no necesariamente demolidas. Desde el Ministerio de Vivienda rechazaron esas acusaciones y defendieron la legalidad del procedimiento, afirmando que las decisiones se sustentan también en informes técnicos elaborados por la DITEC y el IDIEM de la Universidad de Chile.
Mientras la disputa escala en tribunales, las familias damnificadas continúan a la espera de una definición sobre el futuro de las viviendas construidas en El Olivar. Actualmente, el proceso se mantiene marcado por informes técnicos contrapuestos, cuestionamientos sobre la legalidad de las resoluciones adoptadas por el Minvu y la querella criminal anunciada contra el ministro Iván Poduje, todo esto mientras siguen pendientes las autorizaciones necesarias para iniciar las demoliciones anunciadas por el Gobierno.
