Revelaciones en la Comisión de Minería dejan al descubierto el ocultamiento de datos sobre dióxido de azufre, reabriendo el debate sobre el autorreporte industrial y el futuro ambiental de la comuna.
Un escándalo de proporciones institucionales, ambientales y políticas sacude a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Durante al menos cinco años —entre 2020 y 2024—, la Refinería Aconcagua de Concón funcionó bajo un esquema de reportes distorsionados, utilizando parámetros de emisión de dióxido de azufre inferiores a los exigidos por el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Concón, Quintero y Puchuncaví.
Lo que inicialmente fue calificado como un «error en la línea de base», ha escalado hasta convertirse en la revelación de una red de encubrimiento dentro de la propia estatal. Ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente del directorio de ENAP, Cristián Muga, lanzó una acusación categórica: en la compañía operó una «intencionalidad de acuerdo o de sistema» promovida por exejecutivos para ocultar la gravedad de los incumplimientos a la alta administración.
LA CONFESIÓN EN EL CONGRESO
Las sesiones en el Congreso Nacional han dejado al descubierto las fisuras en la gobernanza de la petrolera estatal. Muga relató un episodio clave ocurrido en octubre de 2024 ante el Comité de Sostenibilidad de la empresa: en esa instancia, un gerente —desvinculado posteriormente en enero— aseguró formalmente al comité que «todo estaba bien con el PPDA y que no era necesario reportar».
Sin embargo, los informes internos posteriores arrojaron una realidad opuesta: se omitieron intencionalmente fuentes de emisión dentro de la planta de Concón y se alteraron las metodologías de cálculo sobre la eficiencia de recuperación de azufre.
«Al parecer existió, en cierto nivel de ejecutivos de esta compañía desvinculados, una especie de intencionalidad de acuerdo o de sistema para que los problemas vinculados al PPDA en emisiones y en recuperación de azufre no llegaran con claridad a la administración y al directorio», reconoció Cristián Muga ante los parlamentarios.
A pesar de calificar el hecho como «grave» y admitir que el dióxido de azufre en ciertas concentraciones «no sólo es peligroso, es letal», la directiva de ENAP intentó bajar la tensión asegurando que, según sus análisis, no se superaron los límites máximos de la norma primaria de calidad del aire y que «no existe ningún antecedente que vincule los hechos con un impacto directo en la salud de la población».
DUDAS SOBRE LA SUPERINTENDENCIA
La intervención de la ministra de Energía, Ximena Rincón, dejó en evidencia que las responsabilidades administrativas están lejos de saldarse. Rincón cuestionó el rol operativo que tuvo la empresa y los criterios aplicados durante años: «Toda empresa, estatal o no estatal, tiene que tener un estándar mínimo que dice relación con proteger la salud de las personas… Corresponde cuestionarse qué parámetros estableció la empresa, si era o no capaz de cumplirlos, y si esos parámetros eran los correctos o no».
Pero la secretaria de Estado fue más allá y trasladó la presión directamente hacia el órgano fiscalizador ambiental, sembrando dudas sobre los controles de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA):
«Habría que preguntarle a la Superintendencia qué es lo que pasó con los reportes que se enviaron en todos los meses de enero, desde el 1 de enero del año 2021 en adelante… Yo no puedo hablar por ella ni tampoco sé lo que pasó», gatilló la ministra, sugiriendo a la Cámara citar a los fiscalizadores.
Frente a los cuestionamientos por la demora en judicializar el caso, Rincón defendió la actuación del Ejecutivo señalando que desde que asumieron la administración el 11 de marzo, exigieron que los antecedentes fueran puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público y de la SMA. La crisis ya ha provocado la desvinculación de al menos 16 funcionarios y ejecutivos de la planta.
«NO QUEREMOS SER UNA ZONA DE SACRIFICIO»
Mientras en Valparaíso y Santiago las autoridades discuten responsabilidades administrativas, en las calles de Concón se vive un clima de profunda desconfianza e indignación. La comunidad, que ha convivido históricamente con episodios de malos olores, intoxicaciones escolares y emergencias ambientales, recibe esta noticia como una confirmación de sus peores sospechas.
El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, fijó una postura tajante tras confirmarse la falsificación de los reportes:
«ENAP debe asumir una responsabilidad institucional, ambiental y comunitaria… Como alcalde no sería responsable afirmar que no ocurrió nada en el territorio», sostuvo el jefe comunal.
Ramírez enfatizó que la población no está dispuesta a tolerar negligencias impunes en nombre del desarrollo industrial: «No quiero que Concón sea una zona de sacrificio ni que se acostumbre a convivir con la incertidumbre ambiental. Nuestra comuna ha aportado durante décadas al desarrollo energético del país, pero ese aporte no puede significar que sus habitantes deban aceptar menos estándares de protección».
¿SERÁ EL FIN DEL «AUTORREPORTE»?
El escándalo de la Refinería Aconcagua abre un flanco judicial y normativo de final incierto. Por un lado, la Fiscalía investiga si las maniobras de la antigua plana mayor configuran delitos ambientales bajo la Ley de Delitos Económicos y Ambientales (Ley N° 21.595) o falsificación de instrumento público. Por otro lado, la comunidad y agrupaciones ambientalistas avanzan en acciones legales contra los ejecutivos responsables.
El caso vuelve a poner en jaque el modelo ambiental chileno, basado en el «auto-reporte» donde las propias industrias miden y entregan sus registros de contaminación. El hecho de que una empresa pública haya podido operar durante un lustro con un «sistema» interno para alterar datos demuestra la urgencia de implementar monitoreos continuos, independientes y en tiempo real para proteger a Concón y a toda la Bahía de Quintero.
