El Ministerio de Hacienda ingresó a la Contraloría General de la República un decreto que recorta $17.581 millones al Fondo de Emergencia Transitorio destinado a la reconstrucción tras los incendios que afectaron a la región de Valparaíso en febrero de 2024. La disminución equivale al 3,5% de los $502.069 millones contemplados para este año, impactando directamente en los recursos disponibles para enfrentar las consecuencias de la catástrofe.
Este ajuste se produce pese a que el fondo ya había comenzado su ejecución a inicios de 2026, con traspasos por $82.000 millones realizados durante enero y febrero a los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social, encargados de llevar adelante parte importante del proceso de reconstrucción.
La reducción propuesta se enmarca en una serie de modificaciones presupuestarias que afectan precisamente a una de las principales herramientas financieras creadas para responder a la emergencia en la región, lo que podría tensionar la disponibilidad de recursos en etapas clave del proceso.
Otros recortes
En términos generales, el recorte total al Tesoro Público alcanza los $150.379 millones, según el documento enviado el pasado 24 de abril. La medida considera ajustes en dos grandes programas: Operaciones Complementarias, con una disminución de $92.082 millones, y Subsidios, con una baja de $58.280 millones.
El decreto también contempla rebajas a diversas instituciones públicas. Entre ellas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos verá reducido su presupuesto en $490 millones (3%), mientras que el Consejo para la Transparencia, los Tribunales Ambientales, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia enfrentarán recortes en torno al mismo porcentaje.
A esto se suman disminuciones más significativas en organismos electorales, como el Tribunal Calificador de Elecciones, con una baja del 16% ($195 millones), y los Tribunales Electorales Regionales, con un recorte del 18% ($773 millones). También se ajustan otros ítems, como el programa de reintegro simplificado a exportadores y gastos asociados a procesos electorales ya ejecutados.
