La ofensiva judicial en torno a la reconstrucción de El Olivar sumará un nuevo capítulo durante esta jornada, luego que la empresa Social Arquitectura anunciara la presentación de una querella criminal contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en medio de la controversia por la orden de demolición de decenas de viviendas levantadas en el sector tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar.
La acción será ingresada por la abogada Erika Maira Bravo, quien representa a la firma y apunta a una serie de eventuales irregularidades administrativas asociadas al proceso. Entre los delitos que se busca investigar figuran prevaricación administrativa, falsificación ideológica de instrumento público, fraude al fisco e incumplimiento contractual, todos vinculados a las decisiones adoptadas por la cartera en las últimas semanas.
El eje central del libelo, según comentó la profesional a Radio Bío Bío, apunta a los informes técnicos utilizados para sustentar la demolición de las viviendas. Según la defensa, los antecedentes elaborados por fiscalizadores del Serviu no establecerían la existencia de “graves fallas constructivas”, como sostuvo públicamente el ministerio al justificar el término anticipado de contratos y la paralización de faenas en el conjunto habitacional.
Desde Social Arquitectura aseguran que los documentos técnicos disponibles recomendarían medidas de reforzamiento estructural, y no el desmantelamiento de las casas ya edificadas. La postura de la empresa sostiene que la interpretación realizada por el Minvu habría sido utilizada para validar una decisión administrativa que, a su juicio, carece de sustento técnico suficiente.
Declaraciones del Minvu
La controversia se arrastra desde fines de abril, cuando el ministerio informó el término unilateral de contratos con la constructora a cargo del proyecto y con la entidad patrocinante, argumentando incumplimientos graves y riesgos para la seguridad estructural de las viviendas destinadas a familias damnificadas por la emergencia de 2024.
La cartera ya había respondido previamente a cuestionamientos similares. En una declaración pública, el Minvu afirmó que “actuamos con responsabilidad”, defendiendo que todas las determinaciones fueron adoptadas sobre la base de informes técnicos objetivos y bajo el deber institucional de resguardar recursos fiscales y la seguridad de los futuros beneficiarios.
El escenario, sin embargo, sigue tensionado en tribunales. Actualmente existen diversas acciones judiciales en curso que mantienen congeladas las demoliciones y han abierto un flanco jurídico que podría extenderse por varios meses mientras se revisa la legalidad de las resoluciones adoptadas por la autoridad sectorial.
Con esta nueva querella, el conflicto por la reconstrucción de El Olivar escala desde el plano administrativo a una arista penal que podría obligar a esclarecer si las decisiones adoptadas por el ministerio se ajustaron plenamente a derecho o si, como acusa la empresa, existió una utilización improcedente de antecedentes técnicos para justificar la intervención del proyecto.
