La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó cuatro recursos de protección presentados por deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), quienes buscaban detener los procesos de embargo impulsados por la Tesorería General de la República (TGR) para recuperar recursos asociados a créditos impagos.
La decisión fue valorada por la entidad fiscal, que sostuvo que el fallo ratifica la legalidad de las acciones de cobro que realiza cuando el Estado debe responder por obligaciones incumplidas por los beneficiarios del sistema de financiamiento estudiantil.
Uno de los casos analizados correspondió a un deudor que cuestionó el uso de los mecanismos establecidos en el Código Tributario para exigir el pago de la deuda y decretar embargos, argumentando que el CAE tiene carácter civil y no tributario. Sin embargo, el tribunal descartó esa interpretación y respaldó las facultades de la Tesorería para ejecutar dichos procedimientos.
Según explicó la TGR, los ministros concluyeron que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del organismo, ya que una vez activada la garantía estatal por incumplimiento del deudor, corresponde al Estado recuperar esos recursos mediante las herramientas contempladas en la legislación vigente.
La Tesorería destacó que esta resolución se suma a otros fallos favorables obtenidos en tribunales del país y reiteró el llamado a quienes mantienen deudas por CAE a acercarse a sus oficinas para informarse sobre alternativas de regularización y evitar nuevas acciones de cobro. :::
