La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, valoró el paquete de medidas presentado por el Gobierno en el marco de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), iniciativa que busca ampliar las herramientas del Estado para enfrentar a organizaciones delictuales y terroristas. La autoridad sostuvo que la evolución de estas estructuras obliga a reforzar la respuesta institucional, particularmente frente a su capacidad para mantener operaciones incluso desde los recintos penitenciarios.
“El crimen organizado ha cambiado, una realidad que también vemos en nuestra región. Frente a eso, el Estado no puede quedarse atrás”, afirmó Pérez, quien planteó que las nuevas herramientas apuntan a impedir que las bandas continúen desarrollando actividades ilícitas mediante redes de coordinación que trascienden los lugares donde se encuentran sus integrantes.
Uno de los componentes centrales de la agenda está relacionado con el sistema penitenciario. La propuesta contempla otorgar nuevas facultades a Gendarmería para establecer regímenes especiales y más estrictos para personas condenadas por delitos asociados al crimen organizado y el terrorismo. Entre las restricciones consideradas se encuentran aquellas relacionadas con las comunicaciones, las visitas, los traslados y el acceso a determinados beneficios penitenciarios.
Más control
El seremi de Justicia de Valparaíso, Rafael González, destacó precisamente este aspecto de la iniciativa y sostuvo que el control al interior de las cárceles es parte fundamental de la estrategia para desarticular estas estructuras. “Los establecimientos penitenciarios no pueden ser lugares desde los cuales se siga planificando y cometiendo delitos”, afirmó, al respaldar el fortalecimiento de las medidas de seguridad penitenciaria impulsadas por el Ejecutivo.
La ACOT también propone la creación de un registro nacional de organizaciones criminales, con el objetivo de facilitar la persecución de quienes integren estructuras dedicadas de manera organizada a la comisión de delitos. La iniciativa busca complementar la persecución individual de los responsables con mecanismos destinados a identificar y atacar la estructura y funcionamiento de las propias organizaciones.
En materia de terrorismo y crimen organizado, la propuesta contempla además un procedimiento específico para determinar cuándo una agrupación puede ser declarada como tal. El mecanismo considera la intervención del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, además del Presidente de la República y el Senado, donde la declaración requeriría el respaldo de dos tercios de los senadores en ejercicio.
Pérez sostuvo que el desafío es avanzar desde la persecución de hechos aislados hacia una estrategia que permita afectar directamente el funcionamiento de las organizaciones. “No basta con perseguir los delitos individualmente, también debemos desarticular las organizaciones, sus redes y su capacidad de coordinación”, afirmó la seremi, destacando que la agenda busca adaptar las herramientas del Estado a las nuevas formas de operación del crimen organizado.
