El proceso de demolición de viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar comenzará durante la mañana de este viernes, marcando una nueva etapa en la polémica reconstrucción posterior al megaincendio de 2024. Las primeras intervenciones consideran cuatro casas que presentan cuestionamientos estructurales.
Según informó la Delegación Presidencial Regional, los trabajos iniciales se realizarán únicamente en propiedades cuyos dueños autorizaron la medida. El procedimiento forma parte de un caso mayor que involucra a 56 viviendas construidas en el sector y que actualmente mantienen observaciones técnicas relacionadas con su seguridad y habitabilidad.
El delegado presidencial regional, Manuel Millones, indicó que ya se coordinó el perímetro de seguridad junto a Carabineros y explicó que, al tratarse de viviendas no recepcionadas ni terminadas, no sería necesario tramitar permisos municipales de demolición ante la Dirección de Obras de Viña del Mar.
Controvercias por la demolición
La demolición se produce en medio de una fuerte controversia entre autoridades y actores ligados al proyecto de reconstrucción. Desde el Ministerio de Vivienda se ha sostenido que informes técnicos detectaron falencias estructurales que harían inviable mantener las viviendas, mientras que representantes de la entidad patrocinante Social Arquitectura cuestionaron tanto la legalidad como la necesidad del procedimiento.
Cabe recordar que abogada Erika Maira, vinculada a Social Arquitectura, acusó que las viviendas podían ser reparadas y afirmó que las observaciones detectadas debieron ser corregidas antes de optar por una demolición. Además, cuestionó que la medida avanzara en un escenario donde los convenios con la constructora y la entidad patrocinante fueron previamente revocados.
El conflicto en El Olivar se arrastra desde marzo, cuando el ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció la posible demolición de decenas de casas levantadas por la empresa San Sebastián tras detectarse eventuales riesgos sísmicos y problemas constructivos. Desde entonces, el caso ha derivado en cuestionamientos políticos, solicitudes ante Contraloría y amenazas de acciones judiciales cruzadas.
